Aunque se esperaba una gran afluencia en la Plaza de Bolívar por la llegada de más de 2.000 indígenas desde sus resguardos a la Universidad Nacional para participar en una nueva jornada de movilizaciones, solo un pequeño grupo de personas de las centrales obreras, la CUT y Fecode, realizó un plantón frente al Palacio de Justicia para “apoyar” la reforma pensional.
Con este telón de fondo comenzó la discusión de esta ley, sancionada en julio del año pasado y demandada por un presunto vicio de trámite en la debida deliberación, principio que habría sido pasado por alto con el ‘pupitrazo’ en el cuarto y último debate en la Cámara de Representantes, del texto previamente aprobado por el Senado.
Algunos juristas consideraron las manifestaciones como una presión indebida sobre una autoridad judicial, comparando el episodio con el asedio de un enjambre de personas, a comienzos del año pasado, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elegía a la fiscal general de la Nación de una terna presentada por el presidente Petro.
En ese momento, la tensión giraba en torno a la pronta designación del reemplazo de Francisco Barbosa, con quien el primer mandatario mantenía profundas diferencias.
“¿Quiénes la convocaron? ¿Se trata realmente de una manifestación legítima de la ciudadanía?”, cuestionaron algunos exmagistrados consultados por este diario.